FISCAL - DECLARACIÓN DE LA RENTA 2021

“Tengo que hacer la declaración de la renta”. Esta es la frase que en breve comenzaremos a escuchar en más de una esquina. Los más previsores comenzarán con la preparación de la temida declaración a partir del próximo 7 de abril y otros, menos preocupados con sus impuestos, lo harán in extremis el propio 30 de junio, último día de presentación. Pero todos, unos y otros, rezamos el mismo desenlace; “a ver si me sale a devolver”.

Pues bien, les va a interesar saber que a partir del 1 de enero se han introducido, con la aprobación de los nuevos presupuestos del estado, algunas modificaciones que harán que la palabra devolver suene menos o que suene más bajo. En búsqueda de un aumento de la recaudación para las arcas públicas, el tipo impositivo del impuesto se ve incrementado y se limitan las reducciones que hasta hoy nos daban un pequeño caramelito a la hora de presentar el impuesto más personalísimo de todos.

Respecto a estas subidas, puede que le pille lejos a la mayoría, pues solo afectará a los que ganen más de 300.000€ o a los que ahorren como nadie y logren una base del ahorro de 200.000€ en un año. Ganar o ahorrar mucho, ahora ya no es para nada recomendable porque quienes tengan la gran fortuna de alcanzar estas cifras tendrán también la tremendísima suerte de aportar casi la mitad en beneficio de todos. Héroes sin capa.

Dicho lo anterior y aprendida la nueva lección de “mejor que no ganes ni ahorres demasiado, hijo mío”, repasemos otra modificación que probablemente sí tengamos que tener en el radar la mayoría de los mortales: la disminución de la reducción por aportación a planes de previsión social.

La norma tributaría venía permitiendo reducir nuestro impuesto del IRPF si realizamos aportaciones a un plan, por ejemplo, de jubilación. Mucha gente prefirió hasta el momento ingresar en su hucha personal de pensiones y de este modo pagar un poquito menos de renta, y con razón; pues el saqueo constante de la bolsa de las pensiones públicas por nuestros políticos en los últimos años posiblemente se haya convertido en la mejor campaña de marketing para los planes privados de previsión social. Tanto es así, que todo joven trabajador ha escuchado alguna vez: “nuestra generación no va a tener pensiones”.

Hasta el momento dichas aportaciones a estos planes podrían llegar a reducir nuestra base imponible del IRPF hasta un límite máximo del 30% de nuestros rendimientos del trabajo y actividades económicas, o hasta un máximo total de 8.000 euros. Un buen pico teniendo en cuenta los tipos impositivos al alza de nuestro queridísimo impuesto.

Pues bien, con esta nueva modificación impulsada por el gobierno, este límite se verá reducido de 8.000 a 2.000€ y solo se mantendrá en 8.000 cuando la aportación provenga de contribuciones empresariales y no del propio ciudadano.

Se acabó hacer aportaciones a un plan de pensiones en vez de tributar por el IRPF, ahora el que aporte a uno de estos planes ya solamente lo hará por auténtica previsión personal, y no por ahorrarse unos euros en la renta.

¿Cuál es la intención de esta modificación? Pues bien, claramente y en la línea de la mayoría de las normas tributarias españolas, la recaudación pura y dura.

Si tuviésemos que explicarle esto a un niño nos encontraríamos ante grandes apuros: ¿cómo explicas que tu gobierno castiga al que trabaja duro para ganar más o para poder ahorrar? Complicado. Por suerte siempre nos quedará el “hay que ayudar a los demás”.

Hay una región española, más conocida por sus intentos de referéndums que por sus virtudes, donde más allá de la intención recaudatoria, llevan años añadiendo pinceladitas de usar los impuestos para algo más que la recaudación y conseguir por medio de ellos gravar conductas perjudiciales para una sociedad o incentivar las beneficiosas. El impuesto sobre bebidas azucaradas o el impuesto al CO2 buscan y consiguen cambiar ciertos malos hábitos en nuestro día a día. Lo cierto es que estos tributos no aportan beneficio material a la administración, pero sí a la sociedad.

Como anécdota curiosa, el gobierno central demandó a la Generalitat ante el alto tribunal porque consideraba que implantar un impuesto a la contaminación por carburación era de su competencia central, y no de las comunidades autónomas. El tribunal ha desestimado la demanda y los catalanes continuaron felices gravando sus, cada día menos, humos negros.

Lo que nunca se supo ni sabremos, es porqué el gobierno central los ha demandado, pero todo apunta a pataleta por no querer ser los únicos malos de la película que solo buscan recaudar por medio de los impuestos.

Superada la llorera, esperemos que hayan asumido la lección y se pongan las pilas en este sentido pues, entre tanto, ya no solo Cataluña les habrá adelantado por la derecha, sino que también la propia Unión Europea que establecerá desde julio de este año un impuesto sobre la fabricación, importación o adquisición de envases de plástico no reutilizables en España.

Habrá que esperar para ver si esta vez el gobierno central también se centra en pelearse por defender sus competencias también contra los europeos o, por el contrario, esta vez se pone manos a la obra… Hasta entonces, eso sí, no lo olviden:

No aspiren a ganar demasiado, no ahorren y, sobre todo: no se olviden de presentar la declaración de la renta.


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